El intento escisionista ocurrió en 1986, cuando un grupo de militantes pretendió asumir todas las atribuciones del partido en el territorio de Guipúzcoa, a lo que la Ejecutiva del PNV de Euskadi respondió con la expulsión.

El Tribunal Constitucional considera que los promotores de la escisión o pueden ampararse en la Carta Magna ni en la jurisprudencia que la desarrolla, según la cual los partidos deben funcionar democráticamente y los militantes han de tener "participación en la toma de decisiones y en el control del funcionamiento interno de los mismos".

Para el Constitucional, la decisión adoptada por la Ejecutiva del PNV no conculca ni el derecho de asociación ni el de expresión, invocados ambos por los recurrentes.