Borrell lesionó el derecho al honor de esos funcionarios en una rueda de prensa en la que proporcionó información "inveraz" sobre el estado de unos expedientes en que, según el entonces secretario de Estado, habían actuado de forma irregular con inmobiliarias de la Costa Brava.

Según informó hoy el Alto Tribunal, los magistrados consideran que la divulgación de dicha información constituyó un "exceso" no amparado en la libertad de información que, además, Borrell no quiso tampoco enmendar cuando se le brindó ocasión, "reforzando así el carácter reflexivo de la información divulgada".

Tras la detención de un subinspector de Hacienda, Borrell ofreció una rueda de prensa durante la cual afirmó que se había abierto expediente a dos personas, sin citar sus nombres, pero sí sus cargos, porque presuntamente habrían valorado fraudulentamente a precio menor que el real varios inmuebles de la Costa Brava, en connivencia con seis inmobiliarias de las zonas, lo que habría ocasionado un perjuicio económico "incifrable".

La noticia fue recogida entonces por siete periódicos, dos agencias, varios telediarios y una revista especializada. Incluso, dos periódicos dieron el nombre de uno de los afectados.

Sin embargo, lo cierto es que, aunque ambos resultaron expedientados, no lo fueron por lo que dijo Borrell, sino por "infracciones administrativas de índole diferente y de gravedad notoriamente menor" y, además, tales expedientes fueron sobreseídos.

Tanto la persona cuya identidad fue desvelada por dos periódicos como la otra presentaron una demanda civil por eventual lesión de su derecho al honor, que prosperó ante la Audiencia Provincial de Madrid, en una decisión avalada posteriormente por el Tribunal Supremo.

La Audiencia Provincial de Madrid acusó al ex secretario de Estado de Hacienda de haber mantenido una actitud "imprudente" e "injusta" hacia estas personas y Borrell fue condenado a indemnizar a cada uno de ellos con dos millones y medio de pesetas, por intromisión al honor.

DERECHO AL HONOR

La sentencia del Tribunal Constitucional, de la que ha sido ponente su vicepresidente, Guillermo Jiménez Sánchez, analiza si, como sostiene Borrell en su recurso de amparo, la libertad de información debe prevalecer sobre el derecho al honor.

Para el Constitucional, "estamos en presencia de una información que en modo alguno puede ser calificada como veraz".

Asimismo, analiza el hecho de que no facilitara la identidad de las personas a las que acusaba de unos hechos por los que no habían sido expedientados. "Es evidente que aportó suficientes datos para que, como así ocurrió respecto de uno de uno de ellos, dichas personas fueran identificables en sus respectivos círculos profesional y local", dice el Constitucional.

Para los magistrados, no tiene ningún valor exculpatorio que Borrell atribuyera a los funcionarios la "presunta" comisión de diversas infracciones, sin confirmar de forma expresa su acreditada autoría.

"El derecho al honor de los funcionarios no se ve afectado porque la imputación a ellos referida lo sea sólo 'presuntamente', sino porque se articula sobre unos hechos que son distintos y de una importancia notoriamente más grave a los que ocurrieron", dice el Constitucional.

En su recurso, Borrell apuntó la posibilidad de que la información que le suministraron los servicios del Ministerio de Economía y Hacienda fue incorrecta.

Sin embargo, el Constitucional recuerda que "fue él quien decidió hacerla pública, no sólo en ejercicio de su libertad de información, sino también en el marco del desempeño de las relevantes funciones públicas que tenía atribuidas".