El Alto Tribunal anula, en consecuencia, el artículo 7.2 de la ley de adaptación del IRPF y el Patrimonio promulgada en 1989, por entender que es contrario al principio de personalidad de las penas y sanciones.

La sentencia también declara inconstitucional las limitaciones establecidas a las deducciones en rendimientosde actividades empresariales, profesionales o artísticas por los gastos derivados de la colaboración del cónyuge o hijos menores del sujeto pasivo (empresario, profesional o artista).

La ley establecía el límite de que esos gastos no podían ser superiores al coste medio anual por empleado o al salario mínimo interprofesional, tope que no existe para cualquier otro colaborador que no sea cónyuge o hijos.

El Tribunal Constitucional rechaza estas limitaciones a los gastos deducibles por entender quesuponen un trato desigual por la existencia de vínculo matrimonial o familiar.

El fallo del Alto Tribunal desestima todos los demás recursos presentados por el Partido Popular, la Generalitat y el Parlamento catalán contra la Ley del IRPF y el Patrimonio, y contra varios decretos de desarrollo de la legislación fiscal, que han sido resueltos conjuntamente.

Entre las pretensiones rechazadas por el Constitucional figura la referida a la supuesta discriminación de las familias con un solo perceptor e renta respecto a aquéllas en que obtienen ingresos dos o más de sus miembros.

A su juicio, es cierto que un gravamen progresivo favorece a las familias con más de un perceptor, "pero estas diferencias materiales no pueden calificarse como discriminaciones constitucionalmente prohibidas".

Para el Tribunal Constitucional, "la igualdad entre unidades familiares que los recurrentes persiguen sólo podría alcanzarse a costa de destruir la igualdad entre personas físicas integradas en unidades famiiars y las no integradas".