Así lo dijo durante la presentación de la Memoria del Tribunal Constitucional correspondiente al año 2005 y, según la cual, sigue la tendencia "imparable" de crecimiento de demanda de justicia constitucional.

En este sentido, señaló que el año pasado se cerró con un total de 9.708 asuntos ingresados, es decir, un 22% más que en 2004. Esa tendencia se mantiene también en los cinco primeros meses del presente año, en el que se ha registrado la "pavorosa" cifra de 5.973 asuntos ingresados, es decir, un 48,14% más que en el mismo periodo del año pasado, en el que ese número fue de 4.005.

Este "alarmante" incremento de asuntos que llegan al TC "exige medidas de actuación inmediatas sobre la regulación del Tribunal Constitucional", dijo Casas, para quien es necesaria una "racionalización" de los asuntos que estudia el TC.

Para Casas, el TC no puede destinar una parte "tan importante de su tiempo y de su esfuerzo" a resolver demandas de amparo sin contenido constitucional. Previamente, había recordado que este tribunal inadmite el 96% de los recursos de amparo, es decir, no les da entrada.

Casas, que aplaudió la existencia de un proyecto de ley para reformar la Ley Orgánica del TC, se mostró partidaria de poner "filtros" a la entrada de asuntos al TC, así como "acotar" los requisitos que deben cumplir las demandas de amparo.

"Sólo la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional podrá permitir que esta alta institución del Estado cumpla como lo ha venido haciendo, de una manera absolutamente impecable, las tareas que la Constitución le ha encomendado", dijo Casas, para quien esa reforma debería ser "pactada y consensuada".

CONSTITUCIONAL VERSUS SUPREMO

Por otra parte, la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, recordó que las competencias de la institución que presiden están determinadas ya en la Carta Magna.

Así respondió al ser preguntada por la propuesta que realizó el presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, para que las Cortes aclaren las competencias del Tribunal Constitucional y del Supremo, con el fin de evitar las controversias entre ambas instituciones.