El Gobierno suspendió y presentó un recurso de inconstitucinalidad contra los artículos 6 y 14 de dicha ley, que hacen referencia a la prohibición de la transmisión por herencia de las farmacias y a la edad de jubilación de los farmacéuticos, fijada en los 70 años.

La sentencia señala que no es suficiente para el mantenimient de una medida tan excepcional, como la suspensión de una ley emanada por un Parlamento regional, la "simple alegación de perjuicios para el interés público".

Por el contrario, el Constitucional considera que sería precisa la demostración de la existencia de tales perjuicios y la imposible o difícil reparación de los mismos.

En cuanto al último párrafo del artículo 6 de la ley, que establece que la autorización administrativa concedida para la apertura de una farmacia caducará cuando el beneficiaio cumpla 70 años, la sentencia recuerda que la disposición transitoria cuarta añade un plazo de transición de cinco años, a partir de su entrada en vigor, "si bien obliga a contratar para ese periodo transitorio a un farmacéutico adjunto".

Por ello, consideran los magistrados que no puede sostenerse que se irroguen unos perjuicios irreparables si se tiene en cuenta que la propia ley difiere los efectos de la caducidad de la autorización durante cinco años, sin que la obligación de contratar a un farmcéutico adjunto durante ese tiempo pueda justificar la suspensión de la ley.

Igual conclusión se alcanza en relación con el artículo 14, también impugnado, ya que a la prohibición de cualquier acto de transmisión de la autorización de apertura de farmacia cuenta con la expeción establecida en la Disposición transitoria tercera, en la que se permite mediante autorización una sola transmisión de la farmacia.