Los marineros, que fueron enjuiciados por estos hechos, presentaron un recurso de amparo ante el Alto Tribunal contra diversos autos del Juzgado Militar Territorial número 18 con sede en Cartagena, alegando que dicho órgano, aun realizando funciones judiciales, no es independiente del Poder Ejecutivo ni goz del estatus propio de la carrera judicial.

En su sentencia, el Tribunal Constitucional razona que en los procedimientos ante la jurisdicción militar son plenamente exigibles las garantías constitucionales que el artículo 24 de la Constitución Española prevé para todo proceso y reconoce la independencia e inamovilidad de los juzgados togados militares, dado su régimen normativo.

Asimismo, el Constitucional realiza en su sentencia un análisis exhaustivo de las reglas de organización de la jurisdición militar, del régimen disciplinario militar y de cuantas otras materias afectan al estatus de los miembros del Cuerpo Jurídico Militar que desempeñan funciones judiciales.

Por otra parte, dos magistrados han formulado un voto particular a la resolución, al entender que la Sala debería haber esperado a que el pleno resolviera una cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley Orgánica 2/1989.

Los dos jóvenes marineros, José Antonio Escalada y Manuel Blázquez, desertaron de los barcos en los que staban destinados durante el servicio militar, cuando fue acordado enviar buques de guerra a la zona del Golfo Pérsico.

Ambos alegaron razones de conciencia para justificr su deserción y estuvieron durante algún tiempo escondidos hasta que decidieron finalmente entregarse al juez togado militar.