El Consejo de Ministros acordó el pasado mes de junio presentar un recurso de inconstitucionalida contra la Ley Foral aprobada en el Parlamento navarro por la que se concedían ayudas extraordinarias para elevar las pensiones de viudedad.

El Ejecutivo central argumenta que la aprobación de una prestación complementaria a estas pensiones vulnera la Constitución, que atribuye al Estado la "legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas".

En su escrito, el Gobierno remite a una sentencia anterior del Triunal Constitucional que defiende la facultad exclusiva del Ejecutivo central en esta materia con el objetivo de mantener un régimen "único y unitario de Seguridad Social para todos los ciudadanos" y hacer efectivos los principoos de "solidaridad financiera".

Además, añade que esta aportación del Gobierno de Navarra no se artícula como prestación asistencial, sino como una especie de "complemento de mínimos", que se dirige al "exclusivo ámbito de los beneficiarios de pensiones contributivas", y que se ija anualmente en la Ley de Presupuestos.

Por todo ello, el Ejecutivo considera que la ley foral "incide normativamente en la competencia estatal", al configurar un derecho "diferente al resto del territorio español", lo que "hace imposible la unidad del sistema y el funcionamiento económico uniforme", y reclama al Alto Tribunal que declare su inconstitucionalidad.