El Gobierno del PP trató, con esta norma, de acabar con los complementos a las pensiones aplicados por varias comunidades autónomas, caso de Cataluña, Andalucía o Navarra.

El Pleno del Parlamento de Cataluña aprobó el 18 de febrero, con los únicos votos en contra del Partido Popular, recurrir ante el TC la citada norma. El recurso fue interuesto el 4 de marzo.

Según la resolución del Alto Tribunal, la sección Cuarta admitió el pasado 23 de marzo el recurso de la Cámara catalana contra varios de los preceptos de la norma, que modificó, entre otros, el apartado 4 del artículo 38 de la Ley General de la Seguridad Social.

Dicho precepto estableció que "cualquier prestación de carácter público que tenga por finalidad complementar, ampliar o modificar las prestaciones económicas de la Seguridad Social, tanto en sus modalidades contributia como no contributiva, forma parte del Sistema de la Seguridad Social y está sujeta a los principios regulados en el artículo 2 de esta Ley".

Este artículo dice que la Seguridad Social se rige por los principios de "universalidad, unidad, solidaridad e igualdad", por lo que, según el Gobierno, no cabe que las comunidades autónomas complementen las pensiones.

Mientras, las comunidades autónomas justifican que el campo de la política social, competencia autonómica, les habilita para implantar esto complementos, tal y como han hecho Andalucía, Cataluña o Navarra.

El Gobierno aprobó la citada ley después de que el Constitucional avalase el complemento a las pensiones no contributivas aplicado por la Junta de Andalucía en enero de 1999.