Estos nueve vocales pidieron el pasado viernes la celebración de un Pleno extraordinario de carácter urgente para evitar que la elección se produzca con las nuevas reglas que ha impulsado el Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Tras la petición, el presidente provisional del CGPJ, el vocal progresista Rafael Mozo, les advirtió que su petición no cumplía los requisitos legales y que la solicitud de Pleno debía ir acompañada de toda la documentación relativa al asunto que se quería tratar y el nombre de los candidatos propuestos.

Con este movimiento, los conservadores tratan de subsanar en el plazo de tiempo más corto posible las carencias detectadas para que el Pleno se convoque en un máximo de tres días, como establece el Reglamento del CGPJ. En caso de que eso no ocurra, no descartan presentar una querella contra Mozo.

Es la primera vez que el sector conservador pone sobre la mesa algún nombre concreto para ser valorado. Desde el mes de septiembre en que comenzó la negociación no habían designado a ningún aspirante, pese a que el nombre de Bandrés llevaba semanas sobre la mesa.

Mozo transmitió ayer a los vocales que pensaba convocar el pleno este viernes o el lunes próximo a más tardar, pero al poco tiempo les remitió un escrito en el que advertía que su petición “así formulada no puede ser atendida” por falta de documentación, y citaba en concreto los nombres de los candidatos y sus currículos.

El sector conservador teme que esta respuesta del presidente provisional del Consejo sea una maniobra dilatoria para retrasar el Pleno y permitir que la reforma del Gobierno entre en vigor.

Con la actual normativa, los dos candidatos propuestos deberían cosechar 11 votos de los 18 posibles con la actual composición del Consejo. Los conservadores confían en lograr esos votos gracias la abstención del vocal Enrique Lucas (hermano de uno de los propuestos), y al apoyo del Vicente Gilarte, lo que supondría una victoria al evitar el nombramiento de Bandrés, al que consideran cercano al Gobierno.