El proyecto, que consta de cuatro capítulos y 74 artículos, más tres anexos, recoge la labor del grupo especial de trabajo sobre buen gobierno puesto en marcha por el Ejecutivo socialista para fusionar el Código Aldama y el Informe Olivencia.

Los miembros del consejo se repartirán entre ejecutivos (altos directivos de la compañía o empleados de la misma); dominicales (en representación de los accionistas), e independientes.

En cada consejo habrá un mínimo de tres consejeros independientes y, en todo caso, deberán suponer un mínimo de un tercio de los miembros del consejo. Todos los miembros del consejo deberán ser ratificados individualmente.

Los órganos de dirección de las cotizadas, que se reunirán un mínimo de ocho veces al año, deberán velar por la presencia de mujeres en los consejos de administración. Además, quedará limitado el número de consejos a los que pueden pertenecer los consejeros de estas sociedades.

En los informes anuales que se presentan ante los accionistas se deberán detallar desglosadas individualmente algunas retribuciones de los consejeros.

En caso de operaciones entre una sociedad matriz y otra que dependa de ella, en el consejo de la segunda tendrán mayoría los consejeros dominicales y los independientes, y no los ejecutivos.

Este proyecto de código incluye una serie de recomendaciones que las empresas cotizadas no están obligadas a seguir.

Sin embargo, en el primer semestre de 2007, una vez que aprueben el Informe Anual Corporativo de 2006, deberán decir si están siguiendo estas recomendaciones o no.

Además, el informe de gobierno corporativo deberá tener la misma difusión entre los accionistas que la que se da al de las cuentas anuales y al informe de gestión.