"No existe aún el consenso suficiente para haber culminado en un texto, en una propuesta, en un anteproyecto de ley. Bajo mi responsabilidad he decidido no tomar la decisión sobre el texto hoy para continuar trabajando el acuerdo", ha dicho Ibaretxe.

El acuerdo para esta Ley tiene un alcance fundamental ya que fijará las relaciones económico-financieras entre gobierno y diputaciones durante los próximos cinco años. Ibarretxe ha evitado entrar en las discusiones que mantienen las diputaciones forales de Vizcaya y Guipúzcoa por un lado, y la diputación foral de Alava por otro.

El eje del conflicto se centra en la creación de un Fondo de Solidaridad para compensar los desequilibrios que se producen entre ingresos y aportaciones y que afectn de forma especial a la Diputación de Vizcaya.

Por su parte, la diputación alavesa se opone a revisar la aportación de cada territorio en función de su entidad económica ya que discrepa en el método de cálculo de los indicadores de riqueza que regulan las aportaciones y rechaza la existencia de un Fondo de Compensación y su aplicación en un sólo año ya que supondría rebajar su capacidad económica en 4.000 millones de pesetas.

Ibarretxe es optimista y ha señalado que agotará los plazos pues el Cosejo se ha enfrentado a problemas más graves que éste.