Este órgano, que se reunirá en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, agrupa a representantes de la Administración del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Gobierno, comunidades y ayuntamientos tendrán que fijar los criterios para repartir la citada cifra, que financiará los medios humanos y materiales para la acogida e integración de los inmigrantes.