El dictamen pone objeciones a la forma en que se ha valorado dicho porcentaje de la operadora y aconseja fijar garantías para vitar la espculación posterior con este "paquete" accionarial.

En sus conclusiones, el informe afirma que, a pesar de las condiciones restrictivas impuestas para la venta de Retevisión, "se han cumplido en grado suficiente los principios de publicidad, transparencia y concurrencia" que se desea para cualquier privatización de una empresa pública, pero pone objeciones a algunos aspectos concretos.

El informe del CCP cuestiona que el informe de valoración de Retevisión encargado a Dresdner Kleinwor Benson se haya basado en la información proporcionada por los gestores de la propia operadora, cuyos accionistas cuentan con derecho de tanteo sobre la oferta más ventajosa que se presente, y que además, ha sido la única oferta.

Las objeciones del Consejo empiezan por la propia selección del asesor externo. El ente público Retevisión, vendedor estatal del 30% de Retevisión S.A., invitó a siete empresas a hacer ofertas para encargarse de la valoración, pero sólo dos respondieron y una se retiró por coflicto de intereses sobrevenido, de manera que se contrató a la única que quedó.

Para el CCP, estas "situaciones de ausencia efectiva de concurrencia no son deseables", y deberían haberse tomado medidas para evitarlo, con precauciones como la de mantener contactos que permiten conocer la disponibilidad de las empresas para asesorar la privatización.

El Consejo otorga importancia al asesor y a su tarea de valoración, porque en ella se ha basado el precio de salida del 30% de Retevisión S.A. -unos23.000 millones de pesetas, a razón de 77.063 pesetas por acción-.

A su juicio, esa cifra era clave, porque la existencia de un derecho de tanteo por parte de los actuales accionistas -que considera en este caso motivado-, hacía presagiar pocas ofertas que permitan obtener referencias de mercado respecto al precio.

Además, el CCP sugiere el riesgo de que los propietarios del 70% de Retevisión, que figuran en la única oferta presentada junto a BCH y Caixa Vigo, aprovechen un supuesto precio bajo d compra para vender después haciendo plusvalías.

Para evitarlo, el órgano consultor de las privatizaciones aconseja una medida similar a la que se aplicó para la venta a Telefónica del 23% de su filial Telefónica Internacional, que conservaba el Estado. En esa ocasión, se fijó en el contrato de venta un plazo en el que parte de las posibles plusvalías obtenidas por la reventa de las acciones se reembolsara en las arcas públicas.