Apesar de ser una fecha prematura -el 26 de junio deben estar ya constituidos los nuevos gobiernos autonómicos, con lo que los consejeros van a tener poco tiempo para preparar sus propuestas- la intención del Ministerio de Economía y Hacienda es conocer la opinión de las comunidades "cuanto antes".

El propio consejero de Hacienda de la Generalitat de Cataluña, Maciá Alavedra, sugirió la urgencia de comenzar a trabajar en un tema considerado como prioritario para el Gobierno de Jordi Pujol. Asimismo, l presencia del PP al frente de algunas autonomías tras los últimos comicios, podría provocar un debate más extenso en el tiempo que ralentizaría la fecha en la que debe entrar en vigor el nuevo sistema de financiación autnómica, el 1 de enero de 1996.

Este organismo, formado por los Ministros de Economía y Hacienda y Adminsitraciones Públicas, los secretarios de Estado de Hacienda y para las Administraciones Territoriales y los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas, encargó a un grupo d expertos la elaboración de un borrador sobre la financiación autonómica.

El grupo de expertos propuso un esquema de impuestos compartidos, con un tramo estatal y otro autonómico, en una proporición a determinar. La medida afectaría al IRPF e IVA fundamentalmente, pero no debería suponer mayor carga fiscal para los contribuyentes.

SIN CAMBIOS

Los previsibles cambios de gobierno en 4 ó 5 comunidades autónomas, donde el PP ha desbancado al PSOE, no afectará al futuro de la financación autonómica ue debate el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya que el partido que dirige José María aznar continuará en minoría.

Según aseguraron a Servimedia distintas fuentes del Ministerio de Economía, el marco definitivo de la financiación autonómica que deberá entrar en vigor el próximo año y que se realizará teniendo como base el informe de un grupo de expertos, podría ser aprobado con el consentimiento del Gobierno y una sóla comunidad autónoma.

El artículo 3 de la LOFCA otorga al Gobierno en diho organismo la mitad de los votos, con lo que el apoyo de una comunidad bastaría para dar vía libre al nuevo sistema de la financiación de las autonomías.

Sin embargo, el Gobierno tiene la intención de que la nueva política autonómica obtenga un consenso mayoritario al igual que ha ocurrido en las grandes decisiones que ha adoptado este organismo como el nuevo sistema de finanaciación de la sanidad y los Fondos de Cohesión.

En autonomías que anteriormente, también eran gobernados por el PP, comoCastilla y León o Galicia, se ve con buenos ojos el informe encargado al grupo de expertos por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Con todo el PP tendrá una mayor fuerza de presión. Basta recordar que para la cesión del 15% del IRPF 3 comunidades -gobernadas por el PP- votaron en contra. Esta vez, la discrepancia podría ser mayor.