Esta propuesta contribuirá a respetar los acuerdos de Kioto y a cumplir el objetivo de duplicar el porcentaje de consumo de energías renovabes en Europa, para pasar del 6% actual al 12% en 2010.

A través de esta directiva, los Quince respetarán los objetivos nacionales de consumo futuro de electricidad producida por las fuentes de energía renovables e instaurarán un sistema de certificación de origen de electricidad "verde". También pondrán en marcha medidas de acompañamiento, que tendrán como objetivo crear condiciones de igualdad para estas energías renovables y facilitar su entrada en el mercado interior respecto a las reglas de la cometencia.

Loyola de Palacio ha señalado que el acuerdo "constituye un gran paso adelante hacia una energía más diversificada y respetuosa con el medio ambiente. La promoción de energías renovables es una prioridad absoluta de la Comisión Europea".

Esta es la primera vez en la que el Ejecutivo comunitario propone la armonización de la legislación europea a través de un plan ambicioso y concreto de desarrollo de energías renovables. El Consejo y el Parlamento se han mostrado claramente a favor de la energías "verdes".

La cuestión más controvertida es determinar si la combustión de residuos debe ser considerada como una fuente de energía renovable. El Consejo considera que sí, mientras que el Parlamento estima que el apoyo a las energías renovables debe ser siempre coherente con los demás objetivos comunitarios y respetar la jerarquía en el tratamiento de los residuos. El desacuerdo entre ambas partes también se manifiesta en el carácter vinculante u orientativo de los objetivos nacionales en matria de utilización de energías renovables.

El objetivo de esta directiva es la creación de un marco para conseguir un incremento significativo de la electricidad "verde" en la UE y facilitar su acceso al mercado interior. En este sentido, los Quince deberán tomar las medidas necesarias para asegurar el desarrollo de estos objetivos, tanto en el ámbito comunitario como en el nacional. Esta nueva normativa ofrece un marco reglamentario, aunque con la posibilidad de que los Estados miembros mantengan unacierta autonomía para posibles circunstancias especiales.