El decreto, según indicaron a Servimedia fuentes del Ministerio que dirige Ione Belarra, "busca hacer justicia con los afectados en España, uno de los países que más ha tardado en prestarles apoyo", y regula para ello una serie de ayudas económicas. En total, y tras la evaluación de los casos por parte del Instituto Carlos III de Madrid, las recibirán 130 personas.

El importe varía en función del grado de discapacidad contraído como consecuencia de la exposición al medicamento. Por ejemplo, y para una persona con un 33% de discapacidad, ascenderá a 396.000 euros en un pago único (a razón de 12.000 euros por cada punto, como se estableció en una disposición adicional de los PGE de 2018).

Las ayudas podrán solicitarse desde la publicación del Real Decreto en el BOE y su gestión correrá a cargo del Imserso, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales.

La talidomida fue un medicamento comercializado a partir de los años 50 y prescrito a mujeres gestantes para evitar náuseas y vómitos durante el embarazo. Sin embargo, provocó gravísimas malformaciones.

Hasta ahora, sólo 24 víctimas habían recibido ayudas, de acuerdo con una disposición de los PGE de 2009. Ese intento de reparar a las víctimas, sin embargo, se enfrentó a serios problemas para determinar la relación de afectados por la talidomida, señalaron las mismas fuentes a Servimedia.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) emplazó hace unos días al Gobierno, a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a aprobar con urgencia y antes de las elecciones generales del 23 de julio, el real decreto por el que se regula la concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España entre los años 1950-1985, que posiblemente aprobará hoy el Consejo de Ministros.

El Cermi instó al Ejecutivo a que adopte esta norma reglamentaria que prevé las indemnizaciones para las víctimas de la talidomida, que está pendiente de desarrollo desde 2018, en que se regularon ayudas por esta causa en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.