El protocolo no supone un cambio radical, según el Gobierno, pero sí introduce algunas novedades que afectan más al funcionamiento del sistema que a su estructura, intentando dotar de una mayor flexibilidad y celeridad a la actuación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Entre las principales innovaciones del convenio cabe destacar la inclusión de un nuevo criterio de inadmisibilidad de las demandas respecto a aquellos supuestos en los que el demandante "no ha sufrido un perjuicio importante".

También reconoce al Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa su derecho a intervenir como tercero en asuntos suscitados ante una Sala o la Gran Sala y refuerza las competencias del Comité de Ministros en el ámbito de la ejecución de las sentencias del Tribunal.