La revisión de la actual Ley de Pesca Marítima del Estado, de 2001, era un compromiso programático del Gobierno para actualizar la normativa, adaptándola a los nuevos tiempos y para incorporar todas las novedades legislativas de ámbito comunitario y sobre la gobernanza de los océanos producidas en los últimos 20 años.

En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030, la ley busca fortalecer la conservación y el uso sostenible de los recursos pesqueros, así como procurar que la actividad pesquera contribuya a la generación de riqueza y empleo y a la cohesión social de las zonas costeras.

La ley refuerza el vínculo entre pesca e investigación, cuya importancia se refleja en el hecho de que se incorpore al propio nombre de la ley, explican desde el miinsterio. Se trata de que la política pesquera esté sustentada en el mejor conocimiento científico para asegurar un uso eficiente y sostenible de los recursos. La investigación pesquera tendrá en cuenta cuestiones ecológicas, económicas y sociales.

La futura ley arbitra medidas para un uso más eficiente de las cuotas de pesca que correspondan a España. Se podrán transmitir posibilidades de pesca entre buques y se podrán redistribuir en el caso en el que durante un periodo de tiempo no se haga uso de ellas.

La ley clarifica los requisitos para el acceso a los recursos pesqueros y simplifica la burocracia sobre el Registro general de la Flota Pesquera. Para acceder a los recursos pesqueros, un barco deberá estar inscrito en este registro, disponer de licencia y estar adscrito a uno o varios censos y modalidades concretas.

España cuenta con un patrimonio marino de aproximadamente 8.000 kilómetros de costa y una superficie de aguas marinas de más de un millón de kilómetros cuadrados.