La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, afirmó que este informe también establece un estatuto de derechos de los ciudadanos en relación con el suelo, más transparencia y participación ciudadana, y fija un porcentaje mínimo de suelo para vivienda protegida del 25%.

Asimismo, señaló que la ley tiene como objetivo esencial apostar de manera decidida por el desarrollo territorial y urbano sostenible, entendido éste como un desarrollo racional y viable a medio plazo que responda a unos mínimos de eficiencia económica, calidad ambiental y cohesión social.

El anteproyecto también incluye un estatuto de los ciudadanos que establece que, "por encima de los intereses inmobiliarios privados, está el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada; a las necesarias dotaciones públicas y equipamientos colectivos, y a la información y a la participación efectiva en el desarrollo y ordenación de las ciudades".

El anteproyecto establece también mecanismos para que los ciudadanos puedan participar en los procesos de ordenación y gestión del suelo. Para ello, se someten a información pública los planes y otros instrumentos, incluidos los convenios urbanísticos, y se exige la elaboración de un resumen ejecutivo de los planes para que los ciudadanos puedan valorar fácilmente qué se quiere hacer y en qué les afecta.

También busca conseguir una mayor eficiencia en el funcionamiento del mercado del suelo, desincentivando las prácticas de reclasificación y retención especulativas del suelo.

Además, busca facilitar las políticas urbanas de los municipios al abrir la horquilla que regula la participación en las plusvalías urbanísticas, que se establece entre el 5% y el 15% del aprovechamiento urbanístico en cuestión, lo que permitirá una mayor adaptación en cada caso a las plusvalías reales que se puedan generar.

Al mismo tiempo, se establece una mejor regulación de los suelos públicos, asegurando su carácter de patrimonio vinculado a determinados fines de interés social, prioritariamente la construcción de viviendas protegidas, con la flexibilidad suficiente como para que pueda adaptarse a las necesidades reales de cada municipio.

VIVIENDA PROTEGIDA

Además, la ministra de Vivienda presentó en el Consejo de Ministros un informe sobre la situación del mercado de vivienda protegida en España.

Según las últimas cifras que ofrece el Gobierno, a lo largo de 2005 se iniciaron un total de 79.591 pisos de carácter protegido, la cifra más alta de los últimos 14 años. No obstante, apenas representa el 13% del total de pisos iniciados.