El decreto, según explicó la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, "hace justicia con los afectados por este medicamento".

El decreto regula una serie de ayudas económicas. En total, y tras la evaluación de los casos por parte del Instituto Carlos III de Madrid, las recibirán 130 personas y siete están a la espera de una resolución por parte de la administración.

El importe varía en función del grado de discapacidad contraído como consecuencia de la exposición al medicamento. Por ejemplo, y para una persona con un 33% de discapacidad, ascenderá a 396.000 euros en un pago único, a razón de 12.000 euros por cada punto, como se estableció en una disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.

Las ayudas podrán solicitarse desde la publicación del Real Decreto en el BOE y su gestión correrá a cargo del Imserso, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales.

La talidomida fue un medicamento comercializado a partir de los años 50 y prescrito a mujeres gestantes para evitar náuseas y vómitos durante el embarazo. Sin embargo, provocó gravísimas malformaciones.

Hasta ahora, sólo 24 víctimas habían recibido ayudas, de acuerdo con una disposición de los PGE de 2009. Ese intento de reparar a las víctimas, sin embargo, se enfrentó a serios problemas para determinar la relación de afectados por la talidomida.