El Gobierno habilita al ministro de Justicia para que, en representación del Ejecutivo, suscriba los citados acuerdos de cooperación, para su posterior envío a las Cortes con el fin de que sean tramitados omo proyecto de ley.

Los acuerdos se enmarcan dentro de la cooperación del Estado con las confesiones religiosas de arraigo en nuestro país. Con ellos, el Gobierno quiere prestar un trato similar a estas confesiones que a la Iglesia católica, con la que firmó en 1979 el Tratado con la Santa Sede, que regula sus relaciones.

El Estado considera que las comunidades israelitas e islámicas y la Iglesia Evangélica tienen "notorio arraigo" en España, por lo que reconoce sus normas sobre culto, efectos cviles del matrimonio religioso, asistencia religiosa, finanzas y tributación, calendario religioso, patrimonio artístico y cultural y otros aspectos.

Por lo que se refiere al régimen financiero que se establece para las tres confesiones, tendrán derecho a beneficios y exenciones fiscales por los bienes y actividades destinados al culto, pero ninguna ha optado por obtener financiación procedente del Estado.

Se garantiza también la asistencia religiosa de las tres confesiones en establecimientos miitares, penitenciarios, asistenciales y otros dependientes del Estado.

Finalmente, los fieles de estas confesiones podrán obtener autorización para adecuar su jornada y horario laboral y académico, así como el cumplimiento de otras obligaciones, a los requerimientos de sus calendarios religiosos.