El texto establece que, en adelante, el régimen de protectorado del Estado será más flexible: por un lado, se suprimen las autorizaciones e informes previos, antes necesarios para determinadas inversiones, y, por otro, el control de la Administración deja de ser puntual, para convertirse en global "a posteriori".

Hasta la fecha, la actuación de la ONCE estaba sometida a una serie deautorizaciones e informes previos del Consejo del Protectorado sobre ámbitos esenciales de su régimen económico y financiero.

El real decreto fija también que la actividad económica de la institución de los ciegos queda sometida a la aprobación bienal por parte del Consejo del Protectorado, al tiempo que habrá, además, una auditoría externa anual y, excepcionalmente, auditorías internas.

El texto aprobado hoy por el Gobierno modifica también la composición del Consejo del Protectorado, que continará presidiendo la ministra de Asuntos Sociales y que será "más equilibrado", según el Ejecutivo.

Este órgano estará compuesto por diez miembros, más dos representantes del Ministerio de Asuntos Sociales, uno de los ministerios de Economía y Hacienda, del Interior y de Trabajo y Seguridad Social; el presidente y tres miembros del Consejo General de la ONCE y el director general de la organización.

La Organización Nacional de Ciegos mantendrá su naturaleza jurídica, que es la de una corporación dederecho público, con carácter social, sometida al protectorado del Estado.

Sin embargo, según explicó la ministra Portavoz, Rosa Conde, al término del Consejo de Ministros, la ONCE gozará de una mayor autonomía de gestión, facilitando, al mismo tiempo, el control por parte de la Administración, la determinación del régimen de sorteos y la coordinación con la política social del Gobierno.

SEGURIDAD SOCIAL

La integración en el Régimen General de la Seguridad Social del personal de la organización(11.864 pasivos/pensionistas y 11.319 trabajadores en activo), que en la actualidad reciben protección social a través de la Caja de Previsión Social de la ONCE, será efectiva a partir del 1 de abril de este año.

Uno de los puntos del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la ONCE prevé la posibilidad de establecer, por parte de los poderes públicos, incentivos para la creación de empleo estable.

"El Gobierno", dice el punto cuarto del acuerdo, "estudiará modalidades específicas para incentivar lacreación de empleo para personas con minusvalía llevada a cabo por la ONCE, y para fomentar la conversión en indefinidos de los contratos temporales existentes en el momento de la integración".

Para la integración de este colectivo, la organización deberá ingresar a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, en concepto de compensación económica por las obligaciones asumidas, un total de 61.250 millones de pesetas por los pasivos y otros 10.870 millones por los activos. Estos pagos podrán sr abonados de forma aplazada.