La ley de telecomunicaciones regulara las llamadas autopistas de la información, por las que circularán voz, datos e imágenes. Se trata de crear dos grandes redes, una correspondiente a Telefónica y otra a empresas privadas, aunque esta segunda puede troceare por zonas.

De esta forma, no sólo se liberalizan las infraestructuras, sino también los operadores que las utilizarán: canales de televisión, redes de transmisión de datos, servicios interactivos de bases de datos, educación o sanidad.

Por lo que respecta a la ley de televisiones locales, se rtata de regular el actual mercado alegal de pequeños canales locales, que ocupan un espacio radioeléctrico limitado a los municipios. En teoría, puede concederse tantas licencias como municipios, derecho qe recae sobre los ayuntamientos, aunque si éstos hicieran dejación del mismo pasaría a las comunidades autónomas.

En la práctica, no hay espacio radioeléctrico suficiente para los 8.000 municipios españoles, por la necesidad de implantar de forma gradual la televisión digital, cuya señal debe conjugarse con la transmisión clásica durante el periodo de transición.

En cualquier caso, las televisión locales verán restringido el horario en el que pueden emitir publicidad.

Por otra parte, el Gobirno tiene previsto también tres acuerdos de obras públicas. Por uno de ellos se autoriza la celebración del contrato de las obras de la remodelación de la estación de Villaverde Bajo, plataforma, vía, electrificación y arquitectura, por importe superior a los 3.644 millones de pesetas.

El segundo de estos acuerdos autoriza la celebración del contrato por el sistema de concurso de las obras de complemento de abastecimiento a la Mancomunidad de Algodor y Tarancón y zona de influencia desde el embalse dela Almoguera, Madrid, Toledo y Guadalajara, por importe de más de 3.540 millones de pesetas.

El tercer acuerdo autoriza la celebración del contrato de las obras del proyecto de línea férrea Valencia-Tarragona, tramo Las Palmas Oropesa, por un importe superior a los 6.876 millones de pesetas.

Asimismo, en las previsiones del Consejo figura un acuerdo por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Castilla y León a concertar un préstamo, movilizable a obligaciones, por un importe máximo de 21.00 millones de pesetas.

En el orden del día del Consejo figuran asimismo la concesión de tres créditos FAD. El primero, por importa de más de 11,5 millones de dólares, está destinado a la Republica del Ecuador para financiar un proyecto de electrificación de las islas Galápagos. El segundo, de más de 11 millones de dólares, a la República Tunecina para financiar la instalación de una planta para fabricación de productos químicos. El tercero, de algo más de 9 millones de dólares, esta destinado a la Repúlica de Nicaragua para financiar un proyecto de interconexión eléctrica.