Escrivá hizo este anuncio en un evento en la sede de Por Talento Digital, un centro de formación tecnológica de Fundación ONCE, donde destacó que por primera vez la OEP reservará un 10% de plazas, más de 3.000, para personas con discapacidad.

Además, señaló que uno de los colectivos cuya integración laboral supone un mayor reto, las personas con discapacidad intelectual, contarán con más de 600 plazas reservadas.

Los sindicatos esperaban que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública hubiera llevado a la OEP 2024 al Consejo de Ministros de la pasada semana, algo que finalmente no ocurrió.

RECHAZO DE LOS SINDICATOS

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) rechazó la OEP para 2024 que el Ministerio ha presentado, al calificarla de “insuficiente”. El sindicato destacó que la OEP de 2024 para la Administración General del Estado (AGE) “mantiene la tasa de reposición, reduce la creación de empleo neto, se pierden plazas de personal laboral respecto al año anterior y no garantiza la ejecución de los plazos”.

Así, no avalará “una oferta que impide solucionar el déficit de las plantillas y el abuso de las contrataciones temporales, al mantenerse los límites a la reposición de efectivos que se jubilan”.

Por su parte, CCOO manifestó este viernes que el Gobierno tiene margen para un incremento del 15% de las plazas anunciadas para la OEP dentro del marco de la prórroga presupuestaria.

“La AGE sigue pendiente de incorporar a más de 65.000 personas para alcanzar los niveles existentes antes de la última crisis económica, lo que representa un déficit del 28% que no va a encontrar respuesta en los números que presenta el Gobierno”, indicó. Además, denunció que en la AGE “se tarda más de tres años en que la oferta de empleo se transforme en un nuevo trabajador”.

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2023

El Gobierno aprobó en julio del año pasado la oferta de empleo público (OEP) para 2023, con 39.574 plazas. Del total, 27.246 plazas fueron para el turno libre y 12.328 para promoción interna.

En concreto, de las 39.574 plazas de la oferta ordinaria (un 15,8% superior a la de 2022), 29.818 correspondieron a la Administración del Estado. De ellas, 19.947 fueron de nuevo ingreso y 9.871 de promoción interna.

De las plazas restantes, 2.833 fueron para el Cuerpo Nacional de Policía (2.600 de ingreso libre y algo más de 200 a promoción interna); 2.875 para reforzar la Guardia Civil (2.520 nuevas y algo más de 300 para ascensos); y 1.907 se destinaron a la Administración de Justicia (1.215 de ingreso libre y algo menos de 700 para promoción interna). A estas cifras se sumaron las 2.141 plazas aprobadas antes para fuerzas armadas y Escala de Oficiales de la Guardia Civil.

Asimismo, el Ejecutivo convocó 2.500 plazas para entrar en la Seguridad Social y mejorar la atención a los ciudadanos, y otras 1.025 para reforzar la gestión del ingreso mínimo vital (IMV). También sumó 500 nuevos trabajadores públicos a la escala de funcionarios de habilitación de carácter nacional, que se ubicaron en entes locales. Otro número destacado fueron los 8.790 puestos en el subgrupo C1, casi el 40% del total de la oferta destinada a la AGE.

También hubo 57 plazas para personal docente, 66 para el personal Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y 236 para personal estatutario de la Red Hospitalaria de la Defensa. En paralelo, otros 254 empleos públicos se repartieron entre los entes públicos del sector portuario, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Museo del Prado.

Así, de las 27.246 plazas de nuevo ingreso de la convocatoria oferta ordinaria, 18.621 fueron para satisfacer la reposición de efectivos y las 8.625 restantes supusieron nuevo empleo neto.

En la oferta de empleo público del año pasado el Gobierno también se comprometió a mantener la tasa de temporalidad por debajo del 8% para 2024.

En ese sentido, CSIF advirtió de que llevará a los tribunales a las administraciones públicas que superen el 8% de temporalidad. En un comunicado, el sindicato denunció que “en la actualidad el Gobierno y las diferentes administraciones no están aplicando de manera adecuada los plazos que marca la ley”. Además, “la tasa de reposición va a perpetuar el problema y dificultará cumplir el objetivo de reducir la interinidad al 8% a final de año para responder a las exigencias de Bruselas”.