El decreto, elaborado conjuntamente por los ministerios de Comercio, Industria y Sanida, es una trasposición de una directiva comunitaria de 1988, relativa a la protección de los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos alimenticios.

Según este decreto, todos los productos que se ofrezcan al consumidor final, deberán indicar su precio de venta y el precio por unidad de medida, con independencia de si se facturan a granel o envasados.

Quedan exceptuados los productos comprados para una actividad profesional o comercial, las ventas entre particulares y ensubasta pública, las de obras de artes o antigüedades, y las ventas de productos alimenticios para consumir en hoteles, restaurantes, hospitales, cantinas y establecimientos similares.

Tampoco se verán afectados por esta normativa los alimentos vendidos directamente del productor al consumidor en la explotación agraria del primero.

Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobará la contratación de tres tramos de autovías por un importe cercano a 23.000 millones de pesetas, y las obras de controly regulación del tráfico en los accesos a Valencia.

Dos de esos tres acuerdos, que autorizan la celebración de contratos por sistema de concurso público, afectan a la autovía Bailén (Jaén)-Motril (Granada), en los tramos Bailén-Jaén norte, por un importe de 9.695 millones de pesetas, y enlace de Noalejo (Jaén)-enlace de Albolote (Granada), por un importe de 8.115 millones de pesetas.

El tercer acuerdo afecta a la autovía de las Rías Bajas, en la carretera nacional 120 de Orense a Vigo, tramo Batalanes-Porriño (Pontevedra), por un importe de 5.074 millones de pesetas.

Asimismo, el Consejo aprobará el acuerdo que autoriza a la Dirección General de Tráfico a contratar por el sistema de concurso público las obras de control y regulación del tráfico en los accesos a Valencia, por un importe de 4.338 millones de pesetas.