Esta carne congelada, almacenada en su totalidad desde marzo de 2002 de acuerdo con las disposiciones marcadas en la normativa comunitaria, cuenta con todas las garantías de sanidad y calidad, y estará sometida durante su transformación, también aprobada por la Comisión Europea, a los controles que efectuará el personal técnico resente en las fabricas adjudicatarias.

Esta carne de intervención, cuya adquisición fue cofinanciada en un 70 por cien por la Unión Europea, no se destina al comercio nacional por el desajuste que ocasionaría en los precios de mercado, estando prevista su donación como ayuda alimentaria a terceros países.

Su transformación en productos en conserva facilitará su distribución en los lugares de destino, donde no existe una infraestructura de frío, y disminuirá a la par los cuantiosos costes de almaenamiento, calculados en ocho millones de euros anuales, a cargo, en su totalidad, del Estado Español.