Según el Consejo, la construcción de vivienda rotegida de Régimen General sigue siendo mucho mayor que la de Régimen Especial (para las familias con menores ingresos), que la vivienda de alquiler (la única opción para acceder a una vivienda por parte de la mayoría de jóvenes e inmigrnates) o que la rehabilitación (para acabar con la infravivienda).

El incumplimiento y la reducción constante de objetivos de construcción de vivienda protegida, que en el periodo 1998-2001 no llegó al 50% del total previsto, suponen el fracaso de uno de los mecanismo más importantes para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna, añade.

Por otra parte, las novedades que introduce el Plan 2002-2005, como, por ejemplo, la reserva del 25% del presupuesto para primar a las comunidades autónomas más eficaces; el alza de un 3,27% del precio básico, y la posibilidad que tienen las comunidades autónomas para incrementar hasta un 40% ese precio básico, son medidas que obedecen más a la lógica del beneficio empresarial que a las necesidades de la población. El predominio de la vivienda en propiedad frente al alquiler, fomentado por las medidas fiscales, y el continuo descenso de la construcción de vivienda protegida, hasta llegar al volumen más bajo de su historia (un 12% del total en 2000), son factores que también retrasan la emancipación juvenil.

El Consejo de la Juventud apuesta por una política de vivienda que, entre otras medidas, actúe sobre las viviendas vacías; priorice el gasto público directo e indirecto para viviendas en régimen de alquier y la puesta en marcha de programas de alojamiento temporal.