En un comunicado, la Comisión Permanente del Consejo se pronuncia en contra de la sentencia dictada ante el recurso interpuesto por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España contra diversos artículos de este Reglamento.

La sentencia del Supremo declara nula la aplicación práctica del control de legalidad notarial en los términos previstos en dicho reglamento, basándose, indica el Consejo, "en motivos meramente formales", es decir, en la ausencia de ley.

"Ese fallo es contradictorio con la jurisprudencia del Tribunal Constucional", que en 1999 dictaminó que "a los notarios, en cuanto fedatarios públicos, les incumbe el desempeño de su función notarial el juicio de legalidad", tanto sobre la forma como sobre el fondo.

Para el Consejo General del Notariado, "tal fallo es de una profunda gravedad en tanto que pone en entredicho, limita, deja en suspenso y en algunos aspectos elimina las innovaciones introducidas por el Gobierno para hacer de la función pública notarial un instrumento útil y moderno al servicio de la sociedad".

Concluye que la sentencia resulta "inaudita" porque la legalidad del decreto fue respaldada por el Consejo de Estados, el Consejo de Ministros, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el Ministerio de Administraciones Públicas y la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia.