Así lo señaló durante la presentación del informe ‘Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2022’, en la que, preguntado por las posibles medidas que el Gobierno podría aprobar para hacer frente a la actual situación de encarecimiento de los combustibles y la electricidad, así como su impacto en el bolsillo de los ciudadanos y los costes de los sectores productivos, afirmó que “el papel del Gobierno no es fácil”.

En este sentido, Pich recordó que la deuda pública de España se encuentra actualmente unos 20 puntos por encima del nivel anterior a la pandemia de covid-19, a consecuencia de la crisis causada por el coronavirus, de forma que el Ejecutivo cuenta con menos “capacidad de maniobra”.

“Cada vez que utilizamos un cartucho ante un problema es un cartucho menos que tenemos”, declaró el presidente del CGE, que subrayó que “hay personas y empresas que lo están pasando mal” y que, por ello, “en estos momentos no quisiéramos estar en la piel del Gobierno”, ya que “es evidente que habrá que hacer ayudas a sectores” o “algo del IVA”.

Por su parte, el secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) -órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas-, Luis del Amo, apuntó que el Ejecutivo dispone de dos caminos para tomar medidas, que son, por un lado, rebajar el IVA, lo cual requiere la autorización de la UE, o, por otro, dar ayudas directas a sectores o ciudadanos determinados.

En lo relativo al informe ‘Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2022’, el REAF-CGE señaló que, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, “desde hace tiempo se produce una competencia fiscal a la baja cuando los contribuyentes son familiares cercanos del causante o del donante, utilizando para ello, en la mayoría de los casos, la regulación de bonificaciones o de importantes reducciones”.

Por otro lado, en cuanto al Impuesto de Patrimonio, el REAF-CGE indicó que “convendría plantearse si merece la pena mantener” este tributo.

Por último, el informe advierte de que “el establecimiento de impuestos propios” por parte de las comunidades autónomas “origina mucha litigiosidad porque se pueden invadir competencias estatales, locales o ir contra los principios armonizados en la UE”, por lo que aboga por “el establecimiento de determinados impuestos por el Estado cuya recaudación se cediera a las comunidades, dándoles capacidad normativa en tipos y deducciones”.