El informe ha sido elaborado por la Coisión de Derechos Humanos de la CGAE a partir de la asistencia de 11 juristas y un magistrado españoles a 9 juicios a 29 presos políticos saharauis celebrados en El Aaiún de abril de 2002 a mayor de 2003.

Inés Miranda, una de las juristas miembros de la delegación de observación de los juicios, destacó, en rueda de prensa, que el informe reconoce que en la vista oral de esos juicios se advirtió la vulneración de derechos fundamentales y del Código Penal marroquí, en su aplicación en el Sáhara Occidentl.

Asimismo, subrayó que el informe también recoge esas vulneraciones en lo relativo al tribunal, al fiscal, los abogados o los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Según dijo, los 29 presos políticos saharauis fueron obligados con malos tratos y torturas a firmar una declaración en la que reconocían ser autores de los hechos que se le imputaban.

Entre las actuaciones contrarias a derecho observadas en esos juicios se encuentran la obtención ilícita de pruebas, violación del dereho de defensa, reiterada vulneración del principio de legalidad, inexistencia de pruebas de convicción que fundamenten las acusaciones, abuso de prisión preventiva, vulneración del derecho de presunción de inocencia y sentencias contrarias a derecho.

Miranda relató que la delegación de observación de los juristas españoles fue objeto de retenciones injustificadas e incluso amedrentamiento por la policía, retrasos en los vuelos y situaciones de inseruridad que perseguían obstaculizar su misión.

Po contra, destacó que gracias a la presencia de los juristas españoles en esos juicios, los jueces "dulcificaron" el número de años de prisión que se pedían para los encausados saharauis, que vieron reducidas sus penas de 20 a 10 años de prisión, de 10 a 5 o de 5 a 2 años de cárcel.

El documento también recoge la muerte de Mohamed Uld Garka Bucetta, el 28 de noviembre de 2003, a consecuencia de las torturas recibidas en la Cárcel Negra de El Aaiún.