Son algunas de las observaciones que ha incluido el Consejo de Estado en el dictamen que ha elaborado sobre el proyecto de de ley de "apagón publicitario" en TVE, y al que tuvo hoy acceso Servimedia.

En sintonía con muchos de los interrogantes que ha planteado al texto la Comisión del Mercado de las Telecomunicacines (CMT), el Consejo de Estado también ha dejado escrita una batería importante de objeciones que van al fondo de la norma que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes y que ya ha entrado en el Registro del Congreso.

Como muestra, puede servir éste párrafo: "La exclusiva financiación pública de las televisiones, si bien tiene la ventaja de impedir que la publicidad determine la programación, puede conducir a un alejamiento del mercado, a sustituir la atención de la audiencia y sus necesidades e intereses por criterios excesivamente burócráticos, de tal suerte que pueden devenir cadenas residuales y minoritarias".

Para evitar esto, el Consejo de Estado ve preciso que en España se haga como en otros países que se han dotado de los conocidos como "tests de valor público", de forma que haya "un sistema de valoración específico de la programación desarrollada por la Corporación".

¿HABRÁ TRASVASE?

Al Consejo de Estado no le convence la tesis del Ejecutivo de que los anuncios que desaparezcan de TVE se "trasvasarán" a las cadenas privadas. "Tal premisa", señala, "no es de alcance seguro y menos fácilmente mensurable, por la propia estructura del mercado publicitario en televisión".

"No cabe hablar propiamente de la liberalización de un sector del mercado -el actualmente ocupado por TVE- en favor eventualmente de las otras cadenas, sino de su supresión, sin que quizá se produzca, al menos en la forma esperada, el desplazamiento de la demanda de los anunciantes", indica el dictamen.

El máximo órgano consultivo del Gobierno afirma que la tasa que va a imponer el Gobierno a las operadoras de telecomunicaciones "comportará previsiblemente que éstos trasladen su importe a los usuarios de los servicios y, en especial, a los usuarios de banda ancha y fija".

Tal circunstancia, avisa el Consejo, "puede constituir una dificultad añadida a las existentes para lograr el objetivo de generalizar, a precios asequibles, los instrumentos de la denominada Sociedad de la Información en los términos definidos por la UE".

Además, alerta de que el canon a las "telecos" "puede comprometer su capacidad de inversión en unos momentos de atonía económica general".

El Consejo de Estado espera que el Gobierno haya tenido en cuenta la sugerencia que le ha hecho la CMT en el sentido de que, dadas las "distorsiones" que puede producir la ley en un mercado publicitario saturado, debería haberse puesto en marcha el "apagón publicitario" en TVE de manera progresiva a lo largo de varios ejercicios.

El Consejo afirma a modo de síntesis que "echa en falta (en la documentación que le ha facilitado el Gobierno) un soporte documental que permita examinar pormenorizadamente las premisas económicas que sostienen el anteproyecto y de los efectos que se presumen en el mercado".

En cuanto a la forma, el Consejo de Estado sostiene que podría haber sido mejor incluir en la nueva ley la regulación completa de la financiación de la Corporación RTVE, en lugar de estar en esta nueva y en la ley de reforma de RTVE de 2006.

En lo que sí le da la razón el Consejo al Gobierno es en que el sistema de financiación de RTVE que se ha elegido se ajusta plenamente al Derecho comunitario, en contraste con la denuncia que han hecho las "telecos".