El texto remitido al Consejo de Estado recoge numerosas modificaciones respecto a su redacción inicial, que fue objeto de consultas a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) y al Consejo Asesor de Telecomunicaciones, en las que recibió duras críticas por la exigencia a los nuevos operadores de una inversión de cien mil millones de pesetas en cinco años.

Tanto el Consejo Asesor como la CMT señalaron que el requisito podía convertirs en una barrera insalvable para las empresas que deseen acceder al servicio telefónico.

Sin embargo, el Gobierno quiere asegurarse de que los futuros operadores acometen inversiones reales en el sector, y por ello ha incluido en el texto definitivo que al menos el 40% de las redes que se empleen en los dos primeros años sean propiedad de la compañía, además de un compromiso de operación durante 4 años.

También incluye la clasificación de las posibles licencias en tres modalidades, de acuerdo con l desarrollo de la Ley General de Telecomunicaciones.

Por su parte, a Telefónica se le fija la obligación de incluir durante cinco años en sus guías los números de abonados a otros operadores.