El dictamen deplora especialmente la decisión del Ejecutivo de imponer una tasa de seguridad aeroportuaria, "al entender que la seguridad aérea es una parte más de la seguridad ciudadana que debe ser prestada sin contraprestación económica".

El dictamen en el que el CES formula estas consideraciones críticas recrimina previamente al Gobierno por hacer un uso abusivo de la Leyde Acompañamiento de los Presupuestos del Estado de 1997, ya que con él modifica "46 leyes y 4 reales decretos legislativos, lo que puede producir una inseguridad jurídica".

El dictamen, según un comunicado de prensa difundido por el CES, considera que la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social "debería ceñirse a criterios de estricta necesidad derivados de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, lo que a juicio del CES no se cumple en el caso del anteproyecto dictamnado".

Asimismo, el CES destaca la "insuficiencia explicativa y justificativa de la Exposición de Motivos y de la Memoria que acompaña al anteproyecto, en ocasiones contradictorias con el articulado, lo que dificulta la valoración del texto".

Entrando en el fondo de la ley, el CES valora positivamente que los gastos de comedor de empresa dejen de ser considerados remuneración en especie, al igual que la redución del 15 por cien en los rendimientos de actividad por módulos, entre otras cosas.

En su detallado análisis, el CES también apoya al Ejecutivo a la hora de establecer la obligación de los trabajadores de solicitar la baja en las prestaciones de desempleo, para evitar el pago de prestaciones indebidas, si bien propone la fijación de un plazo de 15 días para la notificación.

Por contra, critica, además de la subida de las tasas, el efecto negativo del impuesto sobre las primas de seguro, por su carácter inflacionista y por su efectos directos e indirectos sobre determinados sectores, omo los seguros de automóviles.

El dictamen de este organismo consultivo del Gobierno en el que participan sindicatos, patronal y otras organizaciones sociales reclama también la clarificación de las "distorsiones" surgidas en el Fondo de Garantía Salarial con las últimas medidas de reforma laboral, al tiempo que sugiere la convenciencia de realizar una "profunda reflexión" sobre el régimen jurídico de la función pública.