Angelina no ahorró críticas al proyecto dereforma de la Ley de Defensa de la Competencia, al entender que es "restrictiva" con las denuncias presentadas por particulares y da lugar a "arbitraridades".

Explicó que el proyecto establece la posibilidad de que no se den curso a las denuncias de escasa entidad y que además se exigirá que éstas tengan un "interés legítimo".

A su juicio, estas disposiciones atentan contra los derechos de los consumidores y presentan una "actitud defensiva" contra ellos. Aclaró, además, que muchas veces pequeñasdenuncias poco importantes pueden ser indicativas de atentados globales contra la libre competencia.

El representante de los consumidores opinó que, si acaso, se podría habilitar un proceso de resolución más rápido para las denuncias de escasa importancia, pero nunca obviarse.

Angelina añadió que sería conveniente que la nueva normativa recogiera la potestad de que el Tribunal de Defensa de la Competencia decida las posibles indemnizaciones por daños y perjuiciosocasionados a los consumidores.

Asimismo, criticó el hecho de que los vocales del Tribunal sean designados por el Gobierno y señaló que sería más apropiado que la elección corresponda al Parlamento, para que quede mejor defendido el interés general.

SEPARACION DE FUNCIONES

Por otra parte, el presidente de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, José María Vázquez Quintana, que también compareció ante la Comisión de Economía, declaró a los periodistas que la nueva normativa clarifica las funciones de todos los organismos iplicados en la defensa de la competencia.

Sin embargo, reconoció que, aunque esto es positivo, se han perdido "pequeñas cosas", porque ahora las comisiones reguladoras de los distintos sectores no podrán emitir informes en caso de que haya indicios de vulneraciones de la libre competencia.

La nueva ley establece que, en este supuesto, las comisiones reguladoras tienen que dejar que resuelvan los órganos de defensa de la competencia.

A su vez, el presidente de la Comisión Nacional de la Energa, Pedro Meroño, dijo que el proyecto de ley no resta a las comisiones reguladoras ninguna de las competencias de las que gozan en la actualidad.

No obstante, precisó que son necesarias alusiones específicas sobre la conveniencia de que las comisiones emitan informes preceptivos, aunque no vinculantes, sobre estas cuestiones.