El ministro, Rodrigo Rato, declaró en la rueda de prensa posterior que con esta normativa "se limita prácticamente a cero la posibilidad de ocultar cuentas públicas". En general, se imposibilita la imputación de bligaciones contraídas sin presupuesto a ejercicios diferentes a aquél en el que tuvieron lugar.

El proyecto de ley establece la obligatoriedad de que los anticipos de fondos sean cancelados en el propio ejercicio en el que se conceden, y establece un mayor nivel de vinculación en los gastos corrientes en bienes y servicios (entre los que Rato citó correos, teléfono, electricidad ...), para que no se destinen a un fin distinto.

En cuanto a obras de emergencia, se pone un tope de 30 días para dar uenta al Consejo de Ministros del inicio de las mismas y para acreditar la existencia de un crédito específico. Las expropiaciones por el procedimiento de urgencia también tienen que contar con su crédito antes de la ocupación de los bienes.

Respecto a los gastos derivados de obligaciones reconocidas por convenios de colaboración o contratos-programa, se tendrán que detallar el importe máximo y la distribución anual de los mismos. También se exige que la modificación de proyectos en curso obtenga un cédito propio en el plazo de cuatro meses.