Huber pide a Aznar en la misiva que haga "las gestiones oportunas para devolver estos documentos requisados de forma ilegal a sus propietarios como un acto de reparación moral y material".

Los colegios de abogados catalanes se han adherido a la campaña de la Comisión de la Dignidad en la lucha por el retorno de estos archivos. A su juicio, la incautación ilegal de los papeles respondió a "una persecución política" y la única finalidad del Gobierno de Franco "fue elaborar un inmenso archivo con más detres millones de fichas y miles de informes y expedientes".

El Consejo de la Abogacía pone especial énfasis en la reclamación de los archivos que los funcionarios de la Dictadura requisaron en el Colegio de Abogados de Lérida, en la Agrupación de Abogados de Barcelona de UGT y en los despachos de varios letrados.