Ambos explicaron que la falta de definición normativa que afecta en muchas ocasiones al Tribunal de Cuentas dificulta el control riguroso de la contabilidad de los partidos y que esta situación tiene que ser resuelta con la configuración de unas directrices écnicas para ordenar los trabajos de fiscalización.

Los comparecientes pusieron de relieve que ningún tribunal de cuentas de los países del entorno europeo cuentan con competencias fiscalizadoras de los partidos, al tiempo que lamentaron que haya que dedicar tantos medios y esfuerzos a esta tarea, cuando las subvenciones a las formaciones políticas suponen una mínima parte del gasto público.

Durante la sesión, el portavoz del PSOE, Fernando Gimeno, admitió la existencia de las lagunas legales dennciadas por los consejeros y atribuyó el problema a la ausencia de un periodo transitorio de la ley de financiación de partidos, que hizo que en esta materia se pasara "de la nada al todo".

Por su parte, el comisionado del PP, Jaime Ignacio del Burgo, provocó la irritación de una de las comparecientes, Milagros García, al poner sobre la mesa la polémica generada por el informe sobre el "caso Filesa" encargado en su día al Tribunal de Cuentas.

Del Burgo señaló que la credibilidad de la instituciónquedó dañada y que la opinión pública perdió la esperanza de que hubiera un órgano fiscalizador que llegara hasta las últimas consecuencias, y que sirviera para detectar las irregularidades cometidas en la financiación de los partidos.

La consejera del TC replicó expresando su sorpresa por acudir a una comisión en la que, en vez de ilustrar a los diputados con su experiencia e información, se la estaba juzgando por actuaciones pasadas del órgano fiscalizador.