EL CONSEJERO DE ECONOMIA CANTABRO SERA JUZGADO POR PREVARICACION A PARTIR DE MAÑANA

SANTANDER
SERVIMEDIA

El consejero de Economía del Gobierno de Cantabria, Manuel Pérez, se sentará mañana, miércoles, en el banquillo de los acusados como supuesto autor de un delito de prevaricación, al haber retenido los Fondos de Cooperación Interterritorial destinados a los ayuntamientos de la región, hecho que fue denunciado por las orporaciones de Corvera de Toranzo y Torrelavega.

Esta es la segunda vez que Pérez se sentará en el banquillo por este motivo. En la primera ocasión fueron los ayuntamientos de Corvera y Camargo los que se querellaron contra el consejero de Economía y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria le absolvió ante "la ignorancia invencible" que mostró sobre la ilegalidad de la retención de los fondos.

Esta sentencia causó un gran malestar en círculos judiciales cántabros, al entender que por no coocer la ley muchos delitos podrían quedar sin castigo.

Al juicio acudirán en calidad de testigos los alcaldes de las localidades de Corvera de Toranzo y Torrelavega, José Luis Quevedo y Blanca Rosa Gómez, respectivamente, que al mismo tiempo ejercen la acusación contra el consejero. Asimismo, varios funcionarios de la Consejería de Economía declararán ante la sala.

La decisión del TSJC de celebrar el juicio contra Manuel Pérez causó sorpresa, al haber anunciado Claudio Movilla que éste se celebraía al finalizar la vista oral que se sigue contra el presidente de Cantabria, Juan Hormaechea, y los nueve miembros de su primer equipo de Gobierno por los delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación.

La suspensión de esta vista oral al no comparecer ante la sala en los dos primeros días del juicio el abogado del ex consejero de Ganadería, Vicente de la Hera, ha permitido que la causa contra Manuel Pérez pueda verse en este receso.

La retención de los Fondos de Cooperación Municipa es ilegal, según se recoge en la primera sentencia abasolutoria a favor de Pérez, al ser la Administración autónoma únicamente un transmisor entre la Administración central y las corporaciones locales.

Sin embargo, el consejero de Economía del Gobierno regional retuvo este dinero en tanto los ayuntamientos cántabros no regularizasen sus deudas con la Diputación regional por los conceptos de agua, luz, basuras y otros servicios.

Los alcaldes que se querellaron contra Manuel Pérez consideran que eta acción, además de ilegal, es una "medida de coacción" contra los municipios.

(SERVIMEDIA)
12 Abr 1994
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