Dicha norma que el Gobierno se comprometió con Bruselas a culminar este año puesto que está vinculada con los fondos europeos, fue aprobada por segunda vez por el Consejo de Ministros el pasado 13 de febrero. Se vio paralizada su tramitación por primera vez en el Congreso como consecuencia de la convocatoria adelantada de las elecciones generales por parte del presidente Pedro Sánchez.

Cuando se conoció que el PP presentaba esta enmienda, el secretario de estado de Movilidad y Agenda Urbana, José Antonio Santano, acusó al principal partido de la oposición de actuar de forma “irresponsable e incoherente”.

A este respecto, el ‘número dos’ de Puente recordó que esta ley siempre ha contado con amplio respaldo ciudadano así como con la disposición y actitud abierta de todas las fuerzas políticas, incluido el PP, para consensuar el mejor texto posible para una norma tan necesaria como esta.

“Estamos ante una muestra más de los planteamientos erráticos e irresponsables del Partido Popular que dejan de lado a la ciudadanía en su permanente juego para desgastar al Gobierno”, añadió.

Por ello, concluyó que “su estrategia es la de instalarse en el no como único modo de hacer oposición al Gobierno y olvidando el objetivo común de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”.

CONTENIDO DE LA LEY

La ley no incluye aspectos relativos al pago por uso de las autovías ni sobre las zonas de bajas emisiones, habilita pero no obliga a poner peajes en las ciudades y exige que las empresas con más de 500 empleados o con turnos de 250 aprueben planes de movilidad sostenible.

Estos planes se consideran una herramienta imprescindible para avanzar en el impulso de la movilidad sostenible en los trayectos de ida y vuelta al trabajo. Las empresas podrán optar por distintas alternativas como potenciar la movilidad activa, la eléctrica, la compartida o el transporte colectivo o bien apostar por flexibilizar los horarios de entrada y salida y el teletrabajo.

La norma regula también soluciones innovadoras como el transporte a la demanda, los coches compartidos, el uso temporal de vehículos o la regulación básica del vehículo autónomo, y fomenta la digitalización y la promoción de datos abiertos tanto de administraciones, como de gestores de infraestructura y de operadores públicos y privados.

En este sentido, incluye la creación del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), donde empresas de transporte, gestores de infraestructuras y administraciones compartirán sus datos, lo que permitirá optimizar la toma de decisiones de todos los actores a la hora de planificar la ejecución de nuevas infraestructuras y la puesta en marcha de nuevos servicios.

Paralelamente, crea un 'sandbox' de movilidad para probar soluciones innovadoras en un espacio controlado de pruebas y facilitar su llegada al mercado. También recoge los principios que deberán seguir las administraciones para regular y promocionar la introducción de los vehículos autónomos, en todos los modos, priorizando la seguridad, la sostenibilidad ambiental, los derechos de las personas y fomentando la colaboración público-privada. En el caso de automóviles autónomos, el texto establece una ventanilla única para facilitar que se realicen pruebas en vías públicas.

Para lograr estos objetivos, la ley crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible que facilitará esta coordinación, y Consta de varios instrumentos: un foro de cooperación entre todas las administraciones, el Foro Administrativo de Movilidad Sostenible; un órgano consultivo para facilitar la cooperación de éstas con el sector y los usuarios, el Consejo Superior de Movilidad Sostenible; y un documento estratégico de orientaciones para la planificación de una movilidad sostenible elaborado de forma coordinada con todas las administraciones (Domos).