El texto se podrá tramitar porque, pese a las críticas de partidos como el PSOE o el PNV, solo Junts anunció este martes que no votará a favor dentro del bloque de investidura.

En concreto, la proposición de Ley relativa a la regulación de los contratos de alquiler de vivienda por temporada y alquiler de habitaciones fue impulsada por Sumar junto a Esquerra Republicana, Bildu, BNG y Podemos. El PSOE permitirá su tramitación aunque avisó de que discrepa de algunos puntos del texto y recordó que el Ministerio de Vivienda, en manos del ala socialista del Ejecutivo, ya trabaja en la regulación de este asunto.

Como medidas concretas, la proposición de ley sometida a debate introduce la obligación por parte del arrendador de justificar la necesidad de temporalidad y, por tanto, de probarla en unos términos equivalentes a la legislación laboral. También se introduce una presunción general a favor de los contratos de vivienda habitual.

“Para que se entienda que concurre causa justificada de temporalidad será necesario que se especifiquen con precisión en el contrato la causa habilitante de la temporalidad, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista. En caso de no quedar debidamente acreditadas, se presumirá que dicho contrato es de vivienda habitual”, señala el texto.

Asimismo, topa en seis meses la duración máxima del contrato temporal. Tras ese período, si las circunstancias que justificaron ese modo de arrendamiento se mantienen, y si ambas partes están conformes, se podrá realizar una prórroga que no podrá exceder de otro semestre.

Igualmente, establece un máximo de cinco días para que el propietario responda al inquilino cuando se produzcan incidencias derivadas del uso de la casa. Deberá ser el propietario quien abone el coste de las reparaciones en el alquiler temporal, como ya sucede con el residencial. En cuanto a la fianza que se exige a los inquilinos, no podrá exceder de dos mensualidades en el alquiler residencial y de media en el caso del temporal.

CERRAR LAS RENDIJAS

En la defensa del texto, el diputado de Sumar Íñigo Errejón alertó de que ahora mismo “la gente no es libre” para poder elegir cómo y con quién vivir y exigió la intervención del mercado de la vivienda como ya se hizo con la sanidad en pandemia o con la energía tras el estallido de la guerra en Ucrania.

Además, como ejemplo del abuso que se está produciendo en el mercado, manifestó que más de la mitad de viviendas en alquiler en Barcelona pertenecen a propietarios que tienen seis o más propiedades. “Alguien que tiene seis o más viviendas es alguien que todos los días puede permitirse no trabajar viviendo exclusivamente de las rentas, sin generar un solo empleo, sin generar valor añadido, sin modernizar nuestro país, detrayendo recursos de la economía productiva para ponerlos al servicio de la economía rentista”, proclamó.

Asimismo, Errejón sostuvo que esta norma pretende “cerrar las rendijas” de la Ley de vivienda de la pasada legislatura con las que con el alquiler temporal un propietario puede eludir las obligaciones que establece.

“Que en España los precios de la vivienda estén disparados no es una desgracia, no es una casualidad, es simple y llanamente el resultado del desmesurado poder de una minoría por encima de la mayoría, y es necesario que este Congreso empiece a tomar cartas en el asunto”, apuntaló este parlamentario, quien arremetió contra quienes solo usan la Constitución para la confrontación pero no para que se cumplan derechos básicos como la vivienda.

Durante el debate, el diputado socialista Javier Rodríguez mostró su apoyo a la tramitación del texto pero recordó que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ya avanzó que se está trabajando con la sociedad civil (colegios profesionales, CEOE y sindicatos) para regular mejor el arrendamiento temporal.

Por ello, pese al voto afirmativo, aclaró que la propuesta de Sumar “avanza en la dirección correcta, pero hay mucho más que hacer, hay cuestiones técnicas evidentes como, por ejemplo, crear una plataforma de registro única de esos alquileres que serviría para poner un poco de cifras y de rigor al problema del cual estamos hablando”.

Del mismo modo, a diferencia de Sumar, Javier Rodríguez expuso también que se deben construir más viviendas, dado que se están creando más hogares de los que se construyen.

SÍ ES SÍ

Del lado de la oposición, la diputada del PP María Soledad Cruz realizó una intervención de carácter eminentemente político, ironizando con que Pedro Sánchez ya ha perdido más de 35 votaciones parlamentarias, al tiempo que afeó al PNV votar a favor de la tramitación de un texto pese a que los socialistas les “hayan dejado solos”.

En paralelo, a Sumar le espetó que confía en su “buena intención” pero “no sería la primera vez” que consiguen lo contrario que buscan con un cambio legal. ¿A que les suena? ¿A que sí? ¿A qué sí es sí?”, inquirió jocosamente la diputada ‘popular’ para recordar que la ‘ley del solo sí es sí’ rebajó la pena a más de 1.000 acusados de abusos y violaciones.

Ya sobre el fondo de la proposición de ley, Cruz avisó de que las medidas “conseguirán aumentar la brecha de la desigualdad” y sostuvo que para resolver el problema no se debe “meter miedo a los propiedades” sino adoptar medidas ambiciosas y aumentar la oferta.

De su lado, el diputado de Vox Ignacio Hoces arremetió contra Sumar “y sus amigos independentistas”, a quienes encajó en los “comunistas que destrozan todo lo que dicen querer proteger” como, a su juicio, ha sucedido históricamente. “Son ustedes, señores de Sumar, una izquierdita que enseñan mucho los dientes en sus discursos pero que no abandonan sus poltronas para defender a los más débiles”, lanzó Hoces, quien auguró que “el problema de la vivienda va a estallar”.

“Son ustedes los verdugos de la emancipación y de la vivienda asequible y, encima, han decidido rematar mortalmente a muchos barrios que llevaban ya años agonizando”, espetó el parlamentario a las fuerzas del Gobierno, a quienes acusó de “empeorar lo que ya era insostenible”.

PP Y PSOE, RESPONSABLES

La portavoz de Podemos, Ione Belarra, se mostró especialmente crítica con el PSOE, pues es “el partido que más años ha gobernado en España” y denunció que los sindicatos y organizaciones sociales están haciendo en vivienda “lo que debería hacer el Gobierno y no hace”.

“Son el Partido Popular y el Partido Socialista los responsables de una política de especulación que hace que en este momento la gente de este país no se pueda ir de casa hasta los 30 años, que la gente tenga que compartir piso hasta los 40 y una realidad de la que no se habla tampoco: que la gente no se puede separar porque no tiene dinero para separarse porque se arruina pagando un alquiler”, alertó.

También criticó al PSOE y a “las derechas” la diputada de Esquerra Pilar Vallugera, quien dijo no entender que incluso haya cuotas de alquiler que están por debajo de un salario completo, cuando las familias deben también hacer frente a “derechos fundamentales básicos” como la educación.

Mientras, el portavoz de Bildu, Óscar Matute, denunció que, según cifras del INE, el 15% de las viviendas del Estado están vacías. “Es hora de hacer porque hasta ahora se han permitido el lujo de no hacer para que el mercado privado lo copara todo”, exhortó Matute. Además, censuró que se aprueben leyes en el parlamento que permiten espacios para que puedan vulnerarse.

PRÓRROGA INTERMINABLE

“No nos gustaría que hoy tomáramos en consideración esta ley para que luego nos encontremos en una prórroga interminable que nos lleve a tener que debatir, madurar, discutir, reflexionar o analizar con nuestros expertos una ley que jamás se pueda aplicar”, agregó Matute, quien exigió “firmeza” ante la “especulación”.

Desde el PNV, Maribel Vaquero asumió que la ley parte de “buenas intenciones”, aunque auguró que con ello “no basta”. Por ello, apostó por “soluciones reales y efectivas” para resolver el problema de la vivienda. Además, se preguntó qué harán los estudiantes si no pueden firmar un contrato de alquiler por más de seis meses.

Más crítico se mostró Junts, cuya diputada Marta Madrenas arremetió contra los efectos de la Ley de vivienda de la pasada legislatura por agravar la “tortura” que supone para los jóvenes acceder a la vivienda. En este sentido, anticipó que esta proposición de ley ahondará en la dirección contraria a la que se debe caminar.