El dictamen contó con el apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios, salvo las abstenciones de IU/ICV, ERC y el PP en algunos artículos, y el rechazo popular a otros.

La diputada del PP Ana María Madrazo afirmó que su grupo "no puede dar su apoyo a un proyecto que no aporta nada nuevo y que constituye una campaña de marketing del Gobierno".

Madrazo agregó que estas medidas suponen una "patada tributaria al contribuyente" que sufrirá una merma en sus garantías jurídicas y un aumento de su indefensión.

La representante popular denunció también que el Gobierno no aportará los medios materiales y humanos necesarios para llevar a cabo un control eficaz contra el fraude y le acusó de "falta de compromiso real" por no definir un modelo único de agencia tributaria.

En representación del PSOE, Carolina Castillejo, manifestó que el PP se contradice al criticar este proyecto, ya que, por un lado, asegura que se trata de un proyecto vacío mientras que, por otro, defiende que causará graves perjuicios al contribuyente.

Asimismo, aseguró que el hecho de fraccionar las agencias tributarias no supone que se ponga en peligro su actividad en la lucha contra el fraude, puesto que "a mayor intercambio de información y trabajo conjunto, más posibilidades de lucha contra el fraude".

Gaspar Llamazares, por IU/ICV, y Joan Puig, por ERC, consideraron que el proyecto se ha quedado corto y criticaron al PSOE por haber pactado con CIU la aprobación del dictamen.

La principal modificación introducida a la norma en el Congreso es la reducción del 3% al 1% de la retención para las facturas emitidas entre autónomos que tributan por módulos.

También se ha establecido una reducción efectiva del 25% de los recargos siempre que los contribuyentes planteen una regulación voluntaria mediante la presentación de declaraciones extemporáneas.

Se modificó, asimismo, el apartado referido a la responsabilidad de los empresarios en las tramas de IVA, en el que el Gobierno pretendía que el comprador pudiera ser responsable subsidiario de una trama si pagaba por un bien un valor claramente inferior al de mercado, ya que se entendía que éste podía ser un indicio para comprobar que era una trama. Se entenderá por precio notoriamente anómalo aquel que sea sensiblemente inferior al de mercado.