Ahora el texto pasará a ser debatido en el Senado, donde también podrán introducirse enmiendas, y nuevamente el texto pasará por la Cámara Baja.

La posición crítica a la norma llegó de la mano del Partido Popular, único grupo que rechazó el Estatuto Básico del Empleado Público en sus actuales términos.

El portavoz de Administraciones Públicas del PP, Julio Padilla, criticó la tramitación "acelerada" y "poco racional" de la norma. Denunció que el Gobierno haya "abdicado" de su responsabilidad de "regular el espacio que le es propio, que es el de la normativa básica".

Padilla advirtió de que la "pervivencia" de una norma estáen función del consenso logrado, dejando claro que el PP la modificará cuando vuelva al poder, y recriminó a los nacionalistas que sólo hayan negociado con el PSOE. "Cuiden más de su responsabilidad y menos de sus intereses", sentenció el diputado del PP.

La portavoz de Administraciones Públicas del PSOE, Elisenda Malaret, destacó que el proyecto representa "un neto y claro avance para la modernización de las Administraciones Públicas".

Malaret defendió el modelo socialista de modernización de la Administración Pública "por pragmatismo, por realismo, y por razones de eficacia", y acusó al PP de no querer avanzar en ese proceso. Recordó que este Estatuto es un mandato constitucional y afirmó que los ciudadanos no entenderían que por el rechazo de los populares se paralizara la norma.

OTROS APOYOS

El portavoz de Administraciones Públicas de CiU, Jordi Jané, criticó algunos aspectos de invasión competencial de la norma, pero agradeció al Gobierno el que haya aceptado buena parte de las enmiendas de CiU, el grupo que más modificaciones ha introducido a la norma. Destacó que, con este Estatuto, ningún funcionario será peor tratado que en la actualidad.

Desde ERC, Jordi Ramón expresó el voto positivo de su formación al Estatuto Básico del Empleado Público, tras las modificaciones introducidas en la Cámara Baja que han garantizado las competencias autonómicas.

El portavoz del PNV en la materia, Emilio Olabarría, arrancó su intervención reprochando los modos de tramitación de la norma, con una reunión de ponencia que duró "media hora" y un debate en comisión que se sustanció en "media tarde". No obstante, admitió que es "una buena ley" y respeta las competencias autonómicas.

La diputada de IU-ICV Isaura Navarro destacó algunas mejoras introducidas en la ley, pero reprochó al Gobierno que se haya tramitado una norma de este calado en apenas 15 días y "con nocturnidad" y anunció que su formación "seguirá luchando" por mejorar el Estatuto en las diferentes leyes que lo desarrollen.

JUBILACIÓN ANTICIPADA

Con el nuevo Estatuto, los funcionarios podrán acceder a la jubilación parcial a partir de los 60 años, al igual que sucede con los asalariados del sector privado. No obstante, el detalle de este acceso deberá ser regulado en una norma posterior.

Para los funcionarios autonómicos, serán los gobiernos regionales los que deberán dictaminar sus propias leyes, mientras que en el Congreso habrá que regular la situación de los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE).

El sistema de acceso a la jubilación parcial para los funcionarios tendrá un patrón muy cercano al que ya disfrutan los asalariados a partir de los 60 años.

Además, las Administraciones Públicas se adaptarán a la nueva concepción del espacio europeo universitario, nacida de la declaración de Bolonia, con lo que serán pioneras en esta cuestión, reordenándose los sistemas de clasificación del empleo público.

El nuevo Estatuto, dirigido a los 2,5 millones de empleados públicos que hay en España, se ha adaptado también a los criterios establecidos por la Ley de Igualdad y se han introducido enmiendas de carácter técnico para mejorar el sistema de promoción interna de los funcionarios y el régimen de evaluación del desempeño de su labor.

Otras modificaciones del Congreso van a permitir a las comunidades autónomas fijar la cuantía de las retribuciones complementarias de los empleados públicos.