El debate se produjo en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso, que aprobó el proyecto con competencia legislativa plena, con lo que pasa directamente al Senado, sin pasar por el Pleno de la Cámara Baja.

La ley establece en su artículo 7 la prohibición de fumar totalmente en centros de trabajo públicos y privados; en centros, servicios o establecimientos sanitarios; en centros docentes; instalaciones deportivas, centros comerciales; medios de transporte; estaciones de servicio y ascensores, entre otros lugares.

Además, el texto prohibe la venta de tabaco en centros y dependencias de las administraciones públicas, en centros sanitarios, en centros docentes y culturales, así como en instalaciones deportivas.

No obstante, se permite la habilitación de zonas para fumar en bares y restaurantes con más de 100 metros cuadrados, salas de fiesta, teatros, aeropuertos y estaciones de autobuses, marítimas y ferroviarias.

Durante el debate del proyecto de ley se incorporaron varias enmiendas, entre ellas dos de ERC, para que se pueda fumar en los espacios al aire libre del transporte suburbano y para que a los clubes privados de fumadores legalmente constituidos no se les aplique esta normativa.

Además, el texto recoge un capítulo destinado a medidas de prevención del tabaquismo, de promoción de la salud y de facilitación de deshabituación tabáquica, así como dirigido a la limitación de la promoción y el patrimonio de los productos del tabaco.

La diputada socialista Isabel Pozuelo subrayó que "esta ley no tiene como objetivo proteger los derechos de los que no fuman, sino proteger la salud de todos los españoles, de los que fuman y de los que no".

Por su parte, la parlamentaria del PP María Roldós defendió una enmienda para que el Estado financie los tratamientos para dejar de fumar. Sobre esta cuestión, la diputada del PSOE le respondió que existe ya regulada normativa para la citada financiación.