La proposición, defendida por la diputada Beatriz Rodríguez-Salmones, reclama al Ejecutivo una financiación específica para salvaguardar los pecios españoles de expolios como el de la empresa "cazatesoros" norteamericana Odissey en aguas de Estrecho.

También aboga por que el Ministerio de Defensa comparta la responsabilidad directa con Cultura en la protección de estos yacimientos, así como que se realice una auditoría técnica para determinar si las Administraciones cuentan con los medios tecnológicos idóneos para la protección de este patrimonio.

Según Rodríguez-Salmones, desde que el Consejo de Ministros aprobó el Plan Nacional de Protección Subacuática en noviembre de 2007, se ha avanzado poco y se dispone de "presupuesto cero".

Recordó que ese plan dio lugar a la creación de una comisión técnica que sólo ha aprobado elaborar un "libro blanco". "Esto parece ya de chiste, dada la gravedad del problema", dijo.

En representación del PSOE, Rafael Simancas dijo que su partido comparte con el PP la "preocupación" por la "gravedad" del riesgo que corre el patrimonio arqueológico subacuático español.

Por eso, manifestó que su partido y el Gobierno están dispuestos a "reforzar las estrategias públicas" de defensa, si bien entienden que desde la Administración central se ha hecho "un buen trabajo" en estos últimos meses.

Respecto a la nula financiación que denuncia el PP, reveló que el Ministerio de Cultura ha destinado una partida de 1,2 millones de euros a la defensa jurídica del patrimonio subacuático y 800.000 euros para estudios de protección.

Durante el debate, el Grupo Socialista presentó una enmienda, aceptada por el PP, para que la proposición no exhorte al Gobierno a una "redefinición" del plan nacional, como decía el texto original, sino un "impulso y refuerzo" del mismo.