La portavoz del Partido Popular, Teófila Martínez, propuso que el contrato de alquiler tenga una duración mínima de cinco años, en lugar de los cuatro establecidos en el texto remitido por el Gobierno.

Sí se mostró de acuerdo en que la renta del alquiler se actualic durante todos esos años lo mismo que el IPC, lo mismo que fija el proyecto de ley.

Respecto a las viviendas de renta antigua, el PP es partidario de que su alquiler se incremente lo mismo que el IPC, pero después de aproximarlos hasta unos niveles más próximos a los de mercado. De esa actualización quedarían excluidos algunos colectivos, como los jubilados.

Una posición similar fue adelantada por el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, quien señaló que su grupo presentará una enmienda para que la rentas antiguas se actualicen en función de los ingresos del inquilino, la superficie del piso y la antigüedad del contrato.

El Partido Popular propone además que, en los casos en que los inquilinos no estén en condiciones de pagar unos alquileres mayores, los caseros obtengan exenciones fiscales y otras ayudas del Estado.

El portavoz del PSOE, Abel Caballero, cifró en 100.000 millones de pesetas el coste de las medidas propuestas por el PP, al que acusó de no aplicar en las comunidades autónoma en las que gobierna las soluciones que propugna a nivel nacional.

Puso como ejemplos los casos de Castilla y León, gobernada por el PP, y Extremadura, con un Ejecutivo socialista, y dijo que la primera construyó el año pasado 897 viviendas de protección oficial y la segunda 1.802.

Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Jerónimo Andreu, aseguró que el proyecto de ley "es de derechas" y propuso la intervención estatal en los precios de alquiler de las viviendas y asegurar la permanencia estble de los inquilinos por un precio justo en los pisos arrendados.

Convergencia i Unió se ratificó en su oposición al texto, especialmente por el tratamiento que da a los alquileres de los locales comerciales, cuya actualización de rentas considera excesiva.

El portavoz del CDS, Rafael Martínez Campillo, que no presentó enmienda a la totalidad, abogó por la creación de un fondo nacional de subvención al alquiler que tenga como beneficiarios a jóvenes, ancianos y minusválidos.

También propugn que el 1 por ciento de la masa salarial de las empresas de más de 10 trabajadores se destine a ayudar a sus trabajadores a conseguir alojamiento en alquiler, de acuerdo con los planes municipales, autonómicos y estatales.