El letrado defensor de Roldán, Eugenio Rubio Linares, remitió el pasado mes de noviembre a la Mesa del Congreso una carta en la que slicitaba el nombramiento de ese "observador imparcial" para evitar los posibles abusos judiciales que pudieran darse en el proceso judicial contra su cliente.

El escrito del abogado señalaba que "una primera impresión hace suponer que pueden existir motivaciones políticas y sociales que induzcan a los poderes públicos españoles a cercenar los derechos fundamentales de mi representado".