La proposición de ley, presentada por la diputada socialista Andrea Fernández Benéitez, recogía tres puntos principales: la modificación del artículo 187 del Código Penal y la creación de dos nuevos apartados en el artículo 187.

La modificación del artículo proponía, principalmente, que quien, empleando violencia, determine a una persona a prostituirse será castigado con penas de prisión de tres a seis años y multa de 18 a 24 meses. Los nuevos artículos propuestos plantean, entre otras cosas, que la persona que, con ánimo de lucro y de forma habitual, destine un inmueble a promover la prostitución de otra persona será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de 18 a 23 meses.

La mayoría de los Grupos Parlamentarios en el Congreso mostraron su rechazo a esta propuesta e, incluso, la representante del PP, Ana Isabel Alós, pidió directamente a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien también estuvo presente en el Hemiciclo, “que retiren esta proposición de ley y hagamos una ley integral que podamos trabajar en la subcomisión del Pacto de Estado contra la violencia de género”.

Además, Alós aseguró que esta propuesta es “absolutamente insuficiente y no da una solución real a las mujeres que por necesidad recurren a la prostitución para comer”. Desde el PP también aseguraron que el Grupo Socialista hace “uso y abuso del feminismo con fines electorales”.

Sin embargo, Fernández Benéitez confirmó que no iban a retirar la proposición de ley y afirmó que “tendrán que explicar ellos", en referencia al PP, "por qué la otra vez votaron a favor y ahora en contra".

Por su lado, la diputada de Vox María de la Cabeza Ruíz señaló que los socialistas son “hipócritas con este tema del proxenetismo”. Además, sostuvo que las “mafias” de la prostitución se benefician con la entrada de personas extranjeras en España y que “las ONGs a las que ustedes subvencionan” fomentan las situaciones de prostitución de las mujeres inmigrantes. Por ello, afirmó que “si de verdad quisieran acabar con la lacra del proxenetismo lo primero que harían sería cerrar las fronteras a la inmigración ilegal”.

Igualmente, el diputado del Partido Nacionalista Vasco (PNV) Joseba Andoni Agirretxea mostró su descontento con la proposición de ley y dijo que “el Código Penal no vale para solucionar problemas, sirve para castigar. Si bien, si lo que pretenden es solucionar el problema de la prostitución, se quedaron muy cortos porque lo único que han hecho es aplicar el Código Penal castigando a una parte del problema”.

Al mismo tiempo, la diputada de EH Bildu Isabel Pozueta aseguró que la propuesta del PSOE “solo es para penar, atacar y desproteger a las mujeres que trabajan en la prostitución, condenándolas a una mayor exclusión y a una inseguridad”. También, añadió que “cuenten con nosotros para una ley integral, no para criminalizar ni excluir”, dirigiéndose al PSOE.

La diputada de ERC Pilar Villugera secundó intervenciones anteriores y el rechazo de la proposición de ley y dijo que “rompe el feminismo por la mitad”.

Del mismo modo, la diputada de Sumar Gala Pin Fernando aseguró que votarán en contra de esta proposición porque “muchas de las mujeres que ejercen la prostitución se encuentran en situaciones de transfobia, en situaciones de racismo estructural, de pobreza y de desigualdad, y la propuesta no aborda ninguna de estas cuestiones”. Y añadió que “lo único que hace es criminalizar”. Por ello, pidió al PSOE que “si quieren garantizar y defender los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución, lo que tienen que hacer es reformar la Ley de Extranjería y derogar la 'ley mordaza'”.

Por su lado, la diputada de Junts Pilar Calvo expresó que con esta propuesta “estamos enviando a las mujeres a que sean más vulnerables”.