El diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro comenzó su exposición preguntando si se ha dado orden de dejar de vigilar a independentistas, “unos interrogantes que no son causa del azar ni de la mera especulación”, porque las informaciones partirían de fuentes internas del CNI, y por tanto justificarían la comparecencia de Robles en la llamada comisión de secretos oficiales.

Bermúdez de Castro cuestionó el “duro e injustificable ataque a los profesionales del CNI” que a su juicio hubo en las críticas a las presuntas escuchas a independentistas con el programa Pegasus, con el cese de su exdirectora Paz Esteban incluido, cuando el Defensor del Pueblo atestiguó que se habían realizado con autorización judicial y con causas justificadas.

El diputado del PP rechazó el argumento de que el trabajo de los agentes del CNI retirados de Cataluña y el País Vasco pueden hacerlo policías y guardias civiles, cuando los primeros lo que tienen que hacer es adelantarse. Para apuntalar su razonamiento, citó ejemplos como los casos de ETA pendientes de resolver o el acoso al hijo del presidente del PP vasco, Carlos Iturgáiz, y afirmó que debilitar la presencia del Estado es lo que pretenden los independentistas. Concluyó concediendo que el PSOE quiera permanecer en el poder, pero rechazó que lo haga “cediendo a los continuos chantajes” de formaciones como ERC y EH Bildu, porque “con la seguridad de los españoles ni se juega ni se negocia”.

Apoyaron la petición Vox y Ciudadanos. En nombre de Vox, que también ha registrado solicitudes de comparecencia de ministros por este tema, el vicepresidente cuarto del Congreso, Ignacio Gil Lázaro, denunció que el Gobierno está debilitando las estructuras que tiene el Estado para “responder legítimamente a los enemigos interiores de España”, con cesiones a los independentistas por el beneficio personal del presidente, Pedro Sánchez.

Aseguró que la continuidad de la presencia del CNI es necesaria para resolver crímenes de ETA pendientes y para seguir la evolución de grupos radicales, y atribuyó su retirada a un supuesto empeño del Gobierno de acabar en una excarcelación de presos etarras, de blanquear a sus presuntos herederos y de tratar de fingir una normalización en Cataluña y el País Vasco cuando aún sigue habiendo presión y acoso a los no independentistas.

Desde Ciudadanos, su portavoz adjunto, Edmundo Bal, atribuyó la retirada de agentes del CNI a “un gesto más” con el que “el Gobierno se pone de rodillas” y “pone de rodillas a España”, tras el cese de Paz Esteban, la inclusión de ERC y EH Bildu en la comisión de secretos y ahora la Ley de Secretos, respecto a la que se preguntó qué agente del CNI va a poner algo por escrito cuando podrá desclasificarse estando todavía vivo.

El diputado expulsado de Unión del Pueblo Navarro Carlos García Adanero también avanzó su voto afirmativo por lo permisible que estaría siendo el Gobierno con homenajes a etarras y por supuestos tratos como el de “presupuestos por presos” que firmarían el PSOE y EH Bildu, hasta el punto de que el Ejecutivo es ahora “colaborador necesario” de las pretensiones históricas de los abertzales. Además, conjeturó que el Gobierno quiere que los asesinatos sin resolver queden así porque algunos de los autores ya estarían en la calle e incluso en EH Bildu.

EN CONTRA

En contra, la diputada del PSOE Isaura Leal aseguró que no entiende qué “motivación de buena fe” puede llevar a esta petición de comparecencia urgente, dudando de la veracidad de las informaciones publicadas, cuando es importante verificarlo por ser temas clasificados. Así, tachó de “agitación” e intento de “alimentar la confrontación” la solicitud del PP, y atribuyó la retirada de agentes de Cataluña y el País Vasco a “cuestiones meramente técnicas” y “carentes de implicaciones políticas”, pues se limitan a un tema de asignación eficiente de recursos.

El diputado de Unidas Podemos y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, interpretó que el PP saca estos temas para impedir que se hable de su corrupción y del ‘lawfare’ contra partidos de izquierdas o independentistas, y su supuesto proyecto de “saqueo de lo público en beneficio de muy pocos”. Para él, frente a esto hay que aprobar la nueva Ley de secretos oficiales, derogar la “ley mordaza”, democratizar el poder mediático y poner límites al poder económico y a los sectores de los Cuerpos de Seguridad cercanos al franquismo.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, comenzó ironizando que lleva “seis años escuchando lo mismo” y preguntó al PP si saca rédito de esto, si la gente se cree que ETA existe. “Me sorprende, me parece mágico”, aseguró, elucubrando que ni los portavoces del PP y Ciudadanos “se creen lo que dicen”. En su opinión, este tipo de debates no interesan a “la gente normal”, y lo atribuyó a que ambos partidos “dan por perdida Cataluña” electoralmente. Lo que él si piensa que existe es el fascismo, la extrema derecha.