Tras la manifestación fueron identificados dos militantes del PP acusados de agresión al ministro. Los tres agentes serán procesados en virtud de un reciente auto judicial acusados de falsear el informe policial y de detener a los dos militantes en un procedimiento propio de una acusación de delito cuando, en todo caso, se trataría de una falta.

El PP interpeló recientemente al ministro de Interior y presentó después una moción que se debatió esta tarde y que fue rechazada por todos los demás grupos parlamentarios.

En su tercer punto, el PP pedía el cese de Alonso por considerar que se utilizó a las Fuerzas de Seguridad del Estado para cumplir un objetivo político.

En defensa de la iniciativa, la portavoz del PP, Alicia Sánchez Camacho, acusó al Gobierno de "obligar" a los agentes a cometer un delito de falsedad documental y de incumplir la legislación sobre procedimientos de detención.

Pero su petición fue desestimada por el resto de los grupos. El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, criticó la "obsesión" del PP con este asunto y acusó a sus dirigentes de "invertir la realidad" dentro de una estrategia de oposición "llena de histrionismo, de sobreactuación".

CiU también se opuso a la petición del PP "por tradición", explicó Josep Maldonado, porque su grupo siempre se ha abstenido de tomar medida política alguna sobre asuntos que están en manos de los tribunales.

Agustí Cerda, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), aseguró que su partido condenará cualquier actuación ilegal, pero recordó que aún no existe sentencia firme sobre este caso.

En época de gobierno del PP, explicó, hubo en España 578 detenciones ilegales, y sobre algunas de ellas sí que existe ya sentencia firme.