Eran dos propuestas de resolución de estos grupos en el Debate sobre el Estado de la Nación y que apenas contaron con respaldo en la Cámara.

En nombre del PNV, José Ramón Beloki se refirió, en concreto, a la modificación de la Ley Enjuiciamiento Criminal aprobada en 2003, tras la que la incomunicación de los detenidos preventivos puede llegar a prolongarse durante doce días.

Asimismo, esta grupo denuncia la aplicación "no ya arbitraria, sino abiertamente contraria a su sentido literal" del Código Penal en lo relativo a la excarcelación de presos que padezcan enfermedades incurables, irreversibles y no susceptibles de tratamiento en el centro.

Por último, quería derogar el cumplimiento íntegro de condenas, de hasta 40 años, fijado también en la legislatura pasada, porque "supera ampliamente la extensión del cumplimiento de penas en países como Alemania e Italia, en donde la cadena perpetua está constitucionalizada", y vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La portavoz de Eusko Alkartasuna, Begoña Lasagabaster, defendió su propuesta relativa al acercamiento de presos al centro penitenciario más próximo a su domicilio, con la que sólo pretende "cumplir el ordenamiento jurídico" y la normativa europea.

Esta iniciativa propicia el fin último de la política penitenciaria: la "reinserción de las personas privadas de libertad", además de "evitar que haya un sufrimiento respecto a personas y familias que no han sido condenadas y no tienen por qué estar sometidas a una pena".

La diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos, presentó también una propuesta de resolución para emplazar al Ejecutivo a acabar con la dispersión de presos como paso previo a un proceso de pacificación en Euskadi.